CAJA CUÁNTICA
El viernes pasado participé en la reunión que sostuvieron los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República con el secretario Alfonso Durazo. El motivo: conocer más sobre los alcances y la motivación del Acuerdo publicado por el Ejecutivo Federal el pasado 11 de mayo que dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad por el resto del sexenio.
El contexto lo conocemos todos, lo padecemos; una tendencia en el aumento de homicidios dolosos que no se detiene. De 2007 a 2018 las cifras aumentaron en un estimado de 300 por ciento, producto del abandono de las instituciones públicas, particularmente de las corporaciones de seguridad. La ONU ha estimado en 1.8 policías por cada 1000 habitantes un estándar mínimo de fuerza policial; México solo tiene 1.08, es decir tenemos un déficit de 94,173 policías.
La crisis humanitaria que vive México ha generado también un impacto económico devastador. El think tank australiano: el Instituto para la Economía y la Paz, aseguraba en el Índice de Paz México 2019, que el costo económico por la violencia que impera en nuestro país había alcanzado en 2018, la astronómica cifra de 5.16 billones de pesos, equivalentes al 24% del Producto Interno Bruto.
Es imperativo combatir y revertir la degradación institucional del Estado, a través de políticas públicas de largo plazo que generen crecimiento sostenible y sustentable, que impacten la educación para promover innovación y la política fiscal para crear bienestar. Pero es urgente retirarle el ejercicio del poder a las organizaciones criminales que imponen sus normas y discurso a punta de fusiles de asalto, vigilando y castigando a ciudadanos.
Para enfrentar la capacidad bélica de las organizaciones del crimen organizado, necesitamos a las fuerzas armadas, así se ha reconocido jurídicamente por la Suprema Corte, que ha reiterado diversos criterios avalando la participación militar en tareas de seguridad pública. El Acuerdo del 11 de mayo reconoce la realidad que tenemos desde hace 15 años: soldados y marinos en las calles, pero acota su participación a cinco años más. ¿Podríamos simplemente pedirles que se retiraran a sus cuarteles en este momento? Hacerlo sería entregarles completamente el país a las mafias. ¿Es deseable que realicen tareas de seguridad? Claro que no, son terribles los abusos militares que se han documentado; por esta razón se está consolidando una Policía nacional civil: la Guardia Nacional. Hace un año, cuando se creó por la voluntad unánime de todas las fuerzas políticas, se sabía que esta nueva corporación no podía ipso facto reducir los índices delictivos, al contrario, se reconoció que su proceso de maduración tardaría y mientras tanto la fuerza armada permanente debía mantenerse en sus labores de seguridad pública, regida en su actuar por un marco jurídico aplicable, que antes de las reformas constitucionales de 2019 no existía.
La militarización en México persiste desde hace 15 años, no surgió por el Acuerdo del 11 de mayo. Las fuerzas armadas no pueden abandonar a la gente que vive en poblaciones azotadas por los señores del crimen. Promover la consolidación de la Guardia Nacional como una institución eficaz, garante de los derechos fundamentales y con mecanismos sólidos de fiscalización es la única opción; proponer el retiro de la única institución que tiene el estado de fuerza para enfrentar en la realidad al crimen organizado es un riesgo que podría colapsar al Estado mexicano.
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