El pasado viernes se desarrolló favorablemente una importante y esperada reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta Kamala Harris. El objetivo es atender la crisis humanitaria que desde hace más de un lustro persiste en México y en el triángulo del norte de Centroamérica; abordando las causas que orillan a miles de personas adultas, así como a menores no acompañados a huir de sus países de origen.
Según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), el 48.6% de los niños emigran de sus países de origen a causa de situaciones de violencia. Los tipos de violencia que describen son: aquella vivida en el ámbito privado, es decir en el hogar o grupo doméstico y en el público, manifestada en las calles.
ACNUR ha detectado que los varones de entre 13 y 17 años se encuentran más expuestos al segundo tipo de violencia. Este patrón ha permitido inferir que, en la última década, el aumento del acoso y la persecución de grupos delictivos como la “Mara Salvatrucha” y “El Barrio 18; detonó el desplazamiento forzado de miles de niños y adolescentes no acompañados.
La delincuencia organizada de nuestro país ha aprovechado la catástrofe a través de sus redes transnacionales de tráfico de drogas. Desde hace años los cárteles del narcotráfico también se dedican a la trata de personas y al tráfico de migrantes. En abril pasado se conmemoraron 10 años de la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas. Las señales de esta crisis humanitaria han sido visibles desde aquella época.
En julio de 2014, las autoridades federales de México respondieron con el “Programa Frontera Sur”, presentado con bombo y platillo pero que en realidad fue hecho al vapor y pensado únicamente para contener y deportar. El resultado como era de esperarse fue un fiasco. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que para 2015 habían aumentado en un 95% las detenciones y deportaciones, especialmente de menores no acompañados; violentándose el derecho internacional.
En aquel año, el entonces vicepresidente Joe Biden propuso el “Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte” que contaba con un presupuesto de 750 millones de dólares; sus objetivos eran preventivos y de raíz, como robustecer la cultura de la legalidad, incentivos laborales, inclusión de jóvenes en proyectos educativos y productivos. El viernes pasado con las propuestas de fondo del presidente López Obrador hubo sintonía con la administración Biden-Harris. Enhorabuena, porque esta crisis estructural no admite más paliativos.
PARTÍCULA_RIZANDO
La coordinación responsable entre los órdenes de gobierno ha permitido que la vacunación avance a un ritmo promedio de 500,000 dosis aplicadas diariamente. Desde este espacio un reconocimiento a todas las y los servidores públicos que lo hacen posible y un recordatorio a la ciudadanía: la pandemia aún no acaba. A seguir cuidándonos.
