Parte I
“La protección del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, es una Obligación del Estado”. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Muy lejanos parecen los días en que, con la euforia de la victoria largamente esperada, López Obrador, se comprometía a acabar con la corrupción, la inseguridad y nos prometió un país lleno de felicidad.
A poco más de un año de gestión, la administración pública federal se ha caracterizado por la limitada capacidad de sus funcionarios, el progresivo crecimiento de la corrupción y la inseguridad, así como la persistente violación de los derechos humanos.
El proceso de desinstitucionalización del país emprendido por López Obrador, no solo por razones ideológicas, sino fundamentalmente para hacerse del control absoluto, está poniendo en jaque a la sociedad mexicana, que percibe muy lejana la felicidad ofrecida.
A pesar de que la estrategia de comunicación del gobierno ha procurado distraer a la opinión pública de los muchos problemas que aquejan al país, hay situaciones que no se pueden pasar por alto, especialmente cuando se pone en riesgo la salud de las personas, particularmente si se trata de niñas y niños.
Apenas, en la mañanera del 21 de enero de este 2020, el presidente de la República afirmó que: “Podrán decir que el derecho a la salud es utopía, pero el sueño se va a cumplir”. Lamentablemente, los hechos nos indican que la realidad a la que nos enfrentamos, es diametralmente opuesta.
La crisis en el sector salud surgió, no solo con la desacertada determinación de desaparecer el Seguro Popular, sino a partir de que se hizo evidente el desabasto de los medicamentos necesarios para atender a niños con cáncer, debido a recortes presupuestales y a una pésima planeación de las compras consolidadas de los suministros para el sector salud, lo que obligó a los padres de estos niños enfermos a tomar las calles en un esfuerzo desesperado para hacerse oír ante la falta de respuesta del gobierno federal. Además, médicos y enfermeras de distintos hospitales públicos empezaron a denunciar en redes sociales las carencias con las que se veían obligados a trabajar.
Ante la falta de argumentos para explicar tantos errores, como es su costumbre, el Presidente optó por responsabilizar a terceros, en este caso, principalmente al Dr. Jaime Nieto Zermeño a quien llamó corrupto. Afortunadamente, el director del Hospital Infantil de México goza de excelente reputación y de inmediato recibió el respaldo del gremio médico.
El acceso a la salud es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución, pero las malas decisiones, la ineptitud y la soberbia del gobierno federal están contribuyendo, todos los días a su violación; de la misma manera que todos los días se viola la dignidad de las personas.
Hasta Rosario Piedra Ibarra, presidenta ilegítima de la CNDH ha afirmado, que en México existe una crisis humanitaria.
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