La obligación de toda la ciudadanía en cualquier país es defender las instituciones de forma sólida, ya que en ello esta la gobernabilidad de un Estado, máxime cuando esas instituciones rigen la vida democrática y permiten generar balances de igualdad que buscan tener un país mejor donde todas y todos podamos acceder a cargos públicos con la confianza de la gente y apegadas a la legalidad. Quienes formamos parte del Gobierno de un país, debemos ser los primeros en blindar esas instituciones y evitar descalificaciones para, mejor, implementar acciones que potencien el desarrollo de nuestras instituciones y no sólo descalificarlas.
El Instituto Nacional Electoral es, quizá, el organismo público autónomo que más trabajo costó crear y consolidar en México. Los procesos democráticos en nuestro país eran tendenciosos, poco transparentes y con el organismo encargado de organizar las elecciones dentro de la estructura del Ejecutivo Federal, lo cual presuponía una violación al principio de equidad que debe revestir a los comicios.
Con la presión ciudadana y la comprensión del gobierno de que los tiempos habían cambiado, que la legitimidad debía cambiar la legalidad se logró crear el Instituto Federal Electoral con autonomía y especialistas en la materia que dieran certeza a las y los mexicanos. La consolidación de la democracia en nuestro país había dado un enorme paso con un organismo ajeno al gobierno que permitiera que la decisión del pueblo fuera respetada.
A lo largo de las últimas décadas el papel del INE ha sido fundamental para contar con elecciones limpias y para, en su caso, sancionar conductas que lesionan el marco legal electoral pero, por encima de ello, defender los principios constitucionales que rigen la vida democrática del país. Las decisiones del Instituto siempre apegadas a la legalidad, además debían pasar por el rasero y análisis del Tribunal Electoral adscrito al Poder Judicial de la Federación a fin de con contar con una instancia jurisdiccional que decidiera técnica y no políticamente.
Hoy, las descalificaciones al organismo por medio del cual se organizaron las elecciones en las que pudieron obtener un espacio en el Poder Legislativo son inaceptables. Lamentablemente muchas personas reclaman cuando se afectan sus intereses aun cuando la decisión sea justa. El principio de legalidad prescribe muy claramente las conductas que no están permitidas y las sanciones que les corresponde. El error estuvo desde quien vigila que se entreguen los gastos de campaña. El error más grande es endilgar al juez la equivocación propia.
Aún más graves son las amenazas veladas en contra de los integrantes del INE. Pone en riesgo su vida, pone en riesgo la vida de sus familias y todo por la recalcitrante obsesión de un cargo popular que, por una u otra razón, ha sido cuestionado desde el primer minuto. Pero lo de hoy no es siquiera un cuestionamiento, es la consecuencia en la omisión de transparencias que todas y todos debemos tener como servidores públicos.
El apoyo al INE debe venir desde todos lados. El momento de su fiscalización llegará como ha llegado en otras ocasiones en las que no se le ha objetado nada. Es momento de unirnos como mexicanas y mexicanos, aceptar nuestros errores y acatar las sanciones que nos correspondan porque sólo así se construye un Estado democrático.
