/ miércoles 24 de marzo de 2021

Contra la violencia económica de género

Hace apenas unos días conmemorábamos el Día Internacional de la Mujer como un estandarte para conseguir la ansiada paridad; habrá quien diga que dados los avances conseguidos ya llegamos a ella pero la realidad económica refleja otra cosa. La brecha salarial de género en nuestro país, de acuerdo con cifras del propio Secretario de Hacienda, va de 22 a 33 por ciento dependiendo el sector de que se trate.

Entendiendo que económicamente prevalece la violencia en nuestra realidad cotidiana, el pasado 10 de marzo, en el Senado aprobamos una reforma de gran calado a 14 leyes a fin de generar un marco normativo que reduzca la brecha salarial de género. En esa reforma recalcamos la necesidad de que los empleadores sepan que ante un trabajo igual se debe pagar igual sin importar si el trabajo es desempeñado por hombres o mujeres.

DE igual manera se prohíbe que en las ofertas de trabajo se discrimine por razón de género o se utilice un lenguaje que denigre a las mujeres. Por otro lado, a fin de fomentar un trato igualitario también nos decantamos por los empleadores responsables y comprometidos por medio de la expedición de Certificados de Igualdad Laboral y no Discriminación, cuando los centros de trabajo vayan más allá e implementen acciones al interior para fomentar la igualdad de género.

Desde luego, también pedimos que el gobierno asuma su responsabilidad e implemente políticas públicas reales, tangibles, realizables, que fomenten que las mujeres tengan más acceso a cargos públicos o a empresas privadas. En ese mismo sentido redefinimos la violencia económica de género porque, incluso, parece que desconocemos el término inicialmente.

Además, se estableció que los salarios se fijen con base en criterios objetivos como los conocimientos profesionales, las aptitudes y las habilidades de las personas antes que por su género, de tal manera que no sea determinante si es un hombre o una mujer al momento de seleccionar al empleado.

Ello, desde luego, con la visión de que impacte en los ambientes laborales en los que el esfuerzo mental y físico se centre en producir más y mejor y no en cuidarse de los malos tratos de los que pudieran ser objeto las mujeres.

Esta reforma es un verdadero hito en materia legislativa porque logramos englobar todas las visiones en los escenarios posibles en materia de igualdad salarial, ya que no fue sólo una reforma sólo a la Ley Federal del Trabajo, sino que incluyó otras que impactan a los sectores público, privado y social para lograr de una vez por todas un trato justo para las mujeres.

El tema de la violencia económica va más allá del seno de las familias, por el contrario, es un problema que nos incumbe a todas y todos. Primero es visibilizar y después actuar pero ello es urgente porque en esa situación hemos perdido oportunidades para nosotras y nuestras familias en un juego de simulación de que la igualdad ha llegado. Nos resta ser vigilantes para que esta reforma tan relevante sea aprobada en la Cámara revisora y, después, se implemente realmente.

Hace apenas unos días conmemorábamos el Día Internacional de la Mujer como un estandarte para conseguir la ansiada paridad; habrá quien diga que dados los avances conseguidos ya llegamos a ella pero la realidad económica refleja otra cosa. La brecha salarial de género en nuestro país, de acuerdo con cifras del propio Secretario de Hacienda, va de 22 a 33 por ciento dependiendo el sector de que se trate.

Entendiendo que económicamente prevalece la violencia en nuestra realidad cotidiana, el pasado 10 de marzo, en el Senado aprobamos una reforma de gran calado a 14 leyes a fin de generar un marco normativo que reduzca la brecha salarial de género. En esa reforma recalcamos la necesidad de que los empleadores sepan que ante un trabajo igual se debe pagar igual sin importar si el trabajo es desempeñado por hombres o mujeres.

DE igual manera se prohíbe que en las ofertas de trabajo se discrimine por razón de género o se utilice un lenguaje que denigre a las mujeres. Por otro lado, a fin de fomentar un trato igualitario también nos decantamos por los empleadores responsables y comprometidos por medio de la expedición de Certificados de Igualdad Laboral y no Discriminación, cuando los centros de trabajo vayan más allá e implementen acciones al interior para fomentar la igualdad de género.

Desde luego, también pedimos que el gobierno asuma su responsabilidad e implemente políticas públicas reales, tangibles, realizables, que fomenten que las mujeres tengan más acceso a cargos públicos o a empresas privadas. En ese mismo sentido redefinimos la violencia económica de género porque, incluso, parece que desconocemos el término inicialmente.

Además, se estableció que los salarios se fijen con base en criterios objetivos como los conocimientos profesionales, las aptitudes y las habilidades de las personas antes que por su género, de tal manera que no sea determinante si es un hombre o una mujer al momento de seleccionar al empleado.

Ello, desde luego, con la visión de que impacte en los ambientes laborales en los que el esfuerzo mental y físico se centre en producir más y mejor y no en cuidarse de los malos tratos de los que pudieran ser objeto las mujeres.

Esta reforma es un verdadero hito en materia legislativa porque logramos englobar todas las visiones en los escenarios posibles en materia de igualdad salarial, ya que no fue sólo una reforma sólo a la Ley Federal del Trabajo, sino que incluyó otras que impactan a los sectores público, privado y social para lograr de una vez por todas un trato justo para las mujeres.

El tema de la violencia económica va más allá del seno de las familias, por el contrario, es un problema que nos incumbe a todas y todos. Primero es visibilizar y después actuar pero ello es urgente porque en esa situación hemos perdido oportunidades para nosotras y nuestras familias en un juego de simulación de que la igualdad ha llegado. Nos resta ser vigilantes para que esta reforma tan relevante sea aprobada en la Cámara revisora y, después, se implemente realmente.