En las dictaduras o en aquellos países donde su democracia está en declive o simplemente no existe, la concentración del poder se vuelve el pan de cada día, en estas naciones vemos cómo los mandatarios comienzan a gobernar por decretos, ocurrencias o por simples estados de ánimo, pero hay una seña característica de estos regímenes, no les importa el marco jurídico, ni las instituciones y por supuesto no les gusta seguir las reglas, a menos que sean las que ellos dictan.
Así es como hoy México poco a poco se está convirtiendo en eso que muchos vimos lejano, pero que poco a poco se materializa con cada decisión que realiza el gobierno federal.
Para muestra hay que tomar en cuenta el decreto que hace dos días emitió el presidente de la república, en el cual se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del gobierno de México considerados de Interés Público y Seguridad Nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.
Cualquier particular está obligado a observar ciertos lineamientos para poder obtener algún dictamen o concesión, seguramente a usted le ha pasado amigo lector, cuando debe tramitar una licencia de construcción, por ejemplo, aparte de que es un procedimiento burocrático de mil requisitos, no siempre es un trámite muy ágil que digamos.
Pongamos otro ejemplo, un presidente municipal, autoridad que el gobierno federal desprecia y ha abandonado en el tema presupuestal, que requiera de algún permiso para aterrizar proyectos, tarda en el mejor de los casos de tres a seis meses para que les sean liberados por la autoridad competente sus dictámenes o licencias, contrario a lo que pasará con el Gobierno Federal donde las dependencias tendrán cinco días para otorgar la autorización provisional y de no hacerlo ésta se considerará resuelta en sentido positivo.
Además del camino a la dictadura que se traza, considerar las obras faraónicas que ejecuta el Gobierno Federal como de interés público y seguridad nacional, es garantizar que la información relativa a la mismas permanecerá con carácter de “reservada”, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo cuatro de la Ley General de Acceso a la Información, así como sus correlativos 104, 110 y 113, la opacidad en todo su esplendor, tal y como ya ocurrió con el expediente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
¡Qué rápido se les olvido la frase “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie"!.
