Hace apenas algunos días tuve el enorme honor de recibir a miembros de la Organización Civil Estrada A.C., orgullosos hidalguenses que se encuentran en el Estado de Texas en los Estados Unidos de América y que apoyan a migrantes de nuestro estado para obtener becas y toda la atención que necesitan cuando por una u otra razón se encuentran allá. Este loable esfuerzo, además de hermandad, requiere un conocimiento constante de las condiciones migratorias y de la necesidad de contar con un acuerdo sólido en la materia con el que es nuestro vecino y principal socio comercial.
Al respecto, en 2002, el entonces Presidente de EUA, Barack Obama, creó la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia a dicho país (DACA por sus siglas en inglés), mediante el cual se permitía que las y los niños que accedieron a ese país como ilegales en determinado periodo de tiempo, tuvieran permisos temporales renovables para acceder a un número de seguridad social, permisos de trabajo y educación, sin poder ser deportados por su estatus.
Dicha acción no era una concesión de la residencia y mucho menos la ciudadanía, sin embargo, daba cierta tranquilidad para que cerca de 800 mil jóvenes accedieran a ese beneficio y pudieran tener una vida tranquila en ese país. Con la llegada del Presidente Trump, el programa fue suspendido para no recibir más solicitudes, lo cual fue un golpe fuerte para cientos de miles de migrantes que llegaron con sus padres y que deben esconderse para evitar ser deportados a sus ciudades que, en muchas ocasiones, no les ofrecen no seguridad ni servicios.
El Presidente Biden, durante diciembre pidió reactivar las solicitudes para proteger a ese sector de la población estadounidense, sin embargo, hace algunos días, un Juez de Texas, luego de una petición de los fiscales de Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur, Texas y Virginia Occidental, declaró ilegal ese programa al ser emitido en violación a disposiciones administrativas por parte del ex entonces Presidente Obama.
A pesar de lo plausible de DACA, a la propia administración Obama como a las subsecuentes, se les ha cuestionado la inexistencia de una política migratoria seria y permanente que proteja a los seres humanos de la zozobra de estar en un país que en cualquier momento los puede deportar y separar de sus familias.
Entre los muchos pendientes en materia de relaciones exteriores de nuestro país con nuestros pares estadounidenses, se encuentra el aspecto migratorio, el cual sigue siendo un problema serio en lo social y muy serio en lo que respecta a protección de derechos humanos.
Desde luego, necesitamos que existan acciones afirmativas que permitan que las condiciones de vida en nuestro país mejoren y frenen la migración masiva hacia los Estados Unidos de América, sin embargo, tampoco podemos huir de la discusión del arraigo en suelo estadounidense de cientos de miles de familias que lo único que quieren es trabajar y recibir educación como cualquier persona.
En circunstancias como esta, no podemos permitir que un fallo de un juez se dé cuando no tenemos alternativas y, con ello, afectar a miles de familias méxico-estadounidenses. Es momento de que reluzca la política exterior para ayudar a los paisanos y devolverles lo mucho que han aportado al desarrollo económico de nuestro país durante varios años.
